Cinco organizaciones salvadoreñas e internacionales exigieron al Estado de El Salvador detener la “política de terror” que ha dejado al menos 142 muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
“Exigimos al Estado salvadoreño que detenga esta política de terror que hasta el día de hoy ha costado la vida de más de 142 personas, las cuales han muerto bajo custodia estatal”, indicaron en un comunicado.
También llamaron a “adoptar e implementar políticas integrales para la erradicación de la tortura y los tratos crueles dentro de los centros de privación de la libertad”.
Este llamado se hizo en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, “una fecha que recuerda también la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes en 1987 y del cual El Salvador es Estado parte desde 1996″.
Señalaron que “a más de 450 días de implementado el régimen de excepción en El Salvador, las detenciones arbitrarias masivas de miles de personas y la violación de sus derechos humanos continúan”.
“El uso de la tortura y los malos tratos dentro de los centros de detención se ha vuelto una práctica generalizada que no parece tener fin”, lamentaron.
Las organizaciones firmantes son Red SOS Tortura, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).
El pasado 20 de junio, Ingrid Escobar, representante de la organización Socorro Jurídico Humanitario, dijo a EFE que las denuncias por la muerte de personas detenidas bajo el régimen de excepción suman más de 300.
Escobar indicó que estas denuncias han sido recabadas entre varias organizaciones humanitarias que atienden denuncias de atropellos.
Recientemente, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que se archivaron 142 casos de muertes al interior de diferentes cárceles, porque “no constituyen delito”.
Son más de 70 mil personas detenidas desde marzo de 2022, cuando el Congreso aprobó la medida para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Con información de EFE
