Santiago de Chile, 6 mar (EFE).- Pasaron toda su vida separados por una adopción ilegal, no comparten apellido y sus historias de vida no tienen nada en común, pero los hermanos Claudia Díaz, Nataly Quick y Juan Muñoz acaban de reencontrarse en Chile tras 40 años de búsqueda.
Nataly llegó a Chile para conocer por primera vez a su familia biológica de la mano de la organización Connecting Roots, dedicada a reunir a ciudadanos estadounidenses con sus raíces en el sur del continente. Tras pasar una semana juntos, los vacíos de su biografía poco a poco se han ido llenando: “Es la primera vez que piso este país, pero me siento en casa, conectando con quién soy”, dice a EFE.
Este primer viaje le dejó un recuerdo inolvidable: por primera vez vio la cara de su madre, fallecida hace 22 años, en una fotografía que Claudia logró rescatar entre reliquias familiares.
Nacida en Santiago en 1985, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), siempre supo por su familia de acogida que era adoptada. Le contaron que su madre estaba “enferma”, que “tuvo que entregarla” y que tenía hermanos. Claudia y Juan, de 53 y 48 años, también crecieron separados: ella con la abuela paterna, él en un centro de menores.
Unos 20 mil niños chilenos fueron adoptados de forma irregular por extranjeros entre 1970 y 1990, según el Poder Judicial. De éstos, sólo mil se han reencontrado con sus familias.
“Toda mi vida me sentí perdida, fuera de lugar y sin las respuestas más básicas de mí misma”, lamenta Nataly.
“Hicieron que otros se llevaran a un bebé”
La mayoría de las madres víctimas de adopciones ilegales comparten el mismo perfil: jóvenes o menores de edad, solas y en condiciones de vulnerabilidad.
En el preacuerdo de tutela, la progenitora de los tres hermanos aparece como “madre soltera, sin un hogar estable ni medios para criar a otros dos hijos” y que “no puede trabajar” debido a un cáncer.
“Con el objetivo de evitar a sus hijos el mundo de la miseria total, ha tomado la libre y firme decisión de dar a su hija recién nacida a una familia adoptiva”, añade el documento, firmado en 1985.
Aunque hay registro de estas irregularidades a partir de los años 60, fue durante la dictadura cuando más casos se registraron, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos.
“Nadie tenía derecho a decir o hacer creer a mi madre que Nataly iba a estar mejor en otro lado que con ella”, lamenta Claudia. “En vez de ayudarla, hicieron que otras personas se llevaran a una guagua (bebé) ajena”.
Según el Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la salida de los menores al extranjero fue por dos vías: la entrega de la tutela del pequeño a un tercero para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes de otro país; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio.
