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San Salvador, 28 may (EFE).- Representantes de cuatro organizaciones feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos expresaron este martes su preocupación por el “aumento significativo” de la violencia y ataques contra activistas en El Salvador, por lo que demandaron garantías y que el Estado “asuma su responsabilidad”.
En el contexto de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato consecutivo, el 1 de junio, y del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las organizaciones señalaron “la falta de acompañamiento y de protección” a las mujeres salvadoreñas en “momentos de constantes vulneraciones a derechos”.
La activista Alejandra Burgos indicó en una conferencia de prensa en San Salvador que es urgente que “el Estado reconozca cuáles son sus obligaciones en materia de derecho internacional, sus obligaciones con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sus obligaciones con las juventudes, pero sobre todo, con las mujeres que siguen enfrentando emergencias obstétricas y violaciones a derechos”.
Burgos, integrante de la organización no gubernamental Colectiva Feminista, aseguró que “en los últimos años ha habido un incremento de la violencia que enfrentan las activistas y las defensoras de derechos que están haciendo una labor educativa, de sensibilización y de acompañamiento en los territorios”.
Ataques que, según la también abogada, “van desde la estigmatización, el acoso, amenazas verbales hasta la vulneración de derechos”.
Actualmente, “para la sociedad civil es muy poco lo que podemos hacer cuando no hay un diálogo con el Estado y cuando lo que encontramos es el cierre del espacio cívico y de diálogo con las instituciones estatales, con las que antes sí podíamos dialogar desde una perspectiva de labor crítica”, apuntó.
Lamentó además la extensión por 26 veces de la medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno para combatir a las pandillas, ya que, aseguró, “esto supone un aumento en las tareas de cuidado para las mujeres cuyos compañeros de vida o esposos han sido arrestados de forma arbitraria”.
“Todo lo anterior nos preocupa porque no da cuenta de un avance desde la construcción de un país democrático, sino de un país en donde los retrocesos en materia democrática, en derechos humanos y en garantías van en aumento”, expresó.
Agregó que “la lucha en defensa de los derechos humanos de las mujeres, las juventudes, de las personas LGBTI no ha sido nunca una lucha fácil”, por lo que “en un contexto como este, cada vez más conservador y fundamentalista, es urgente y necesario generar todas las acciones de articulación necesarias para mantener viva la lucha y llamar a que el Estado asuma su responsabilidad”.
