Ciudad de México, 13 ago (EFE).- Debido a la escasez de albergues seguros, el complejo acceso a trámites migratorios y al aumento de la vulnerabilidad de miles de personas “ya no es posible hablar de la capital mexicana como un santuario para los migrantes”, apuntó este martes la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF).
La organización, que trabaja con población migrante en Ciudad de México desde agosto de 2021, comprobó que esta situación “está llegando a un límite inédito con un impacto directo en la salud y seguridad a esta población en la ciudad”.
“Definitivamente ya no es posible hablar de Ciudad de México como un santuario para la población migrante”, afirmó Israel Reséndiz, gestor de actividades móviles de MSF en un comunicado.
“Hoy, se ven obligados a vivir en la calle, con grandes limitaciones de acceso a atención sanitaria y sin posibilidades de recibir protección”, lamentó Reséndiz.
Dijo que su equipo ha observado cómo los intentos de las autoridades para atender la situación han resultado fallidos, como en el caso de la apertura y cierre intempestivo del albergue de Tláhuac en 2023 y de la Casa del migrante en 2024.
“Al mismo tiempo, los albergues de la sociedad civil se encuentran saturados y con grandes retos para su funcionamiento”, expuso.
Apuntó que entre enero y junio de 2024 la ONG “detectó 83 casos de violencia sexual, lo cual configura un alza de 80,43 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde registramos 46 casos”.
A ello se le sumó el hecho de que la violencia en cualquiera de sus formas es el principal motivo de consulta para las personas migrantes que se acercan a las clínicas móviles de MSF ya que el 69 % de las personas buscan atención por este motivo.
Tan solo en julio, reporta MSF, “han proliferado o aumentado la cantidad de personas en los campamentos informales” en sitios como la Plaza de La Soledad, colonia (barrio) La Merced, y El Camellón y Las vías, cerca de la Terminal de Autobuses del Norte.
“En cada uno de estos tres lugares se aglutinan aproximadamente entre 800 y mil 200 personas, entre las que se encuentra una gran proporción de menores de edad, mujeres embarazadas y personas con necesidades en salud, que son más vulnerables a los efectos negativos de vivir bajo estas pésimas condiciones de hábitat y seguridad”, señaló Reséndiz.
