En México, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y protección de todos los aspirantes a cargos públicos, sin importar su color político. Esto es una exigencia que surge del artículo 1° de la Constitución Mexicana, que establece el compromiso del gobierno para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Sin embargo, en el caso particular de Xóchitl Gálvez como precandidata a diputada federal por Morena en el Distrito Federal, ha sido objeto del maltrato por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al mandatario sobre esta situación pero fue rechazada bajo el argumento de que María Estela Ríos González -Consejera Jurídica de la Presidencia- estaba en receso vacacional.
Es importante destacar que este tipo de acciones son inaceptables para un país democrático como México. Por lo tanto, es necesario exigir al gobierno mexicano respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar seguridad a todos los aspirantes a cargos públicos sin discriminación alguna.
