Ciudad de México, 25 nov (EFE).- El derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, incorporado en la Constitución por la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, marca un precedente, pero queda lejos de ser suficiente para erradicar la crisis feminicida en un país donde matan a una mujer cada dos horas y media, según coincidieron activistas este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
Las reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre, modifican el artículo 4 constitucional para añadir que “toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias” y que “el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.
Estos cambios forman parte de un paquete de diez reformas constitucionales y cambios a siete leyes secundarias, entre ellas la Ley de Violencia Vicaria, que aborda casos donde padres usan a los hijos para ejercer violencia contra las madres, y la Ley Olimpia, para indagar la violencia digital contra las mujeres.
Para la activista Diana Luz Vázquez, quien impulsa la ley Sabina contra deudores alimentarios, estas reformas son “un decálogo que era necesario, importante, pero que hay que aterrizarlo”.
Como ejemplo, Vázquez consideró un avance que se nombre la violencia vicaria en la narrativa oficial, pero advirtió de que “el 90 % de los agresores vicarios son deudores alimentarios”, que prefieren quitarles los hijos a las madres antes que pagar pensión.
La activista destacó los retos en aplicar la normativa, como transversalizar el presupuesto en todos los niveles de gobierno para financiar políticas públicas efectivas, que pongan en el centro a las víctimas de las violencias más allá de las mesas de seguridad, muchas dominadas por hombres.
Una mexicana menos cada dos horas y media
Entre enero y septiembre de 2024, se registraron 2.624 asesinatos de mujeres en México, de los que 598 se investigan como feminicidios, crímenes por razones de género, y 2.026 como homicidios dolosos, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esto representa un promedio de diez mujeres asesinadas al día, o una cada dos horas y media, una tendencia constante desde 2015, cuando el Gobierno comenzó un registro de denuncias relacionadas con la violencia en contra de las mujeres.
No obstante, antes de que ocurra un feminicidio, existe un camino de violencia que muchas veces deja huellas en el sistema de justicia y en las instituciones y organizaciones a las que las víctimas acuden por ayuda.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), señaló que de enero a octubre de 2024 atendieron a 13.984 víctimas de violencia machista, un 18,5 % más que el mismo periodo de 2023 en sus 76 espacios de prevención, atención y protección, así como un 32 % más vía telefónica y redes sociales.
Además, la organización ciudadana reportó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) atendieron a 190.140 mujeres e infancias sobrevivientes de violencias.
Y advirtió de que un 42 % de las mujeres solicitó apoyo sin recibirlo a otras instituciones antes de llegar al refugio, y que el 51 % de los agresores tienen vínculos militares o políticos y usan armas.
En un contexto de creciente violencia contra las mujeres, Figueroa expuso que en el presupuesto proyectado para 2025 el Gobierno redujo nuevamente el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, respecto a lo aprobado en 2024, lo que limitaría la capacidad para atender esta constante demanda en los centros.
La persistencia de la violencia machista en México se refleja también en aumentos notorios en otros delitos, pues de enero a septiembre de 2024 van 214.572 reportes de violencia familiar, cuando en todo 2018 hubo 180.185, según el SESNSP.
El feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra las mujeres y niñas, recordó la ONU en México en este día internacional, al tiempo que pidió a las autoridades y población en general erradicar esta violencia en menos de seis años, plazo de la Agenda 2030 que coincide con el fin del Gobierno de Sheinbaum.
