La mano dura parece ser la estrategia más empleada para combatir el crimen organizado en América Latina
Es la vía que eligieron las administraciones de Nayib Bukele en El Salvador, Xiomara Castro en Honduras y Daniel Noboa en Ecuador.
Los tres gobiernos libran una guerra abierta contra el crimen aplaudida por muchos, especialmente sus ciudadanos, pero también criticada por distintas organizaciones de derechos humanos por cercenar libertades.
No obstante, el presidente Gustavo Petro en Colombia abrió la posibilidad de un diálogo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el grupo criminal más poderoso del país, más conocido como el Clan del Golfo.
Elizabeth Dickinson, analista del centro de estudios especializado en conflictos International Crisis Group en Colombia, dijo a BBC Mundo que el acercamiento lo planteó el presidente hace unos días y el EGC respondió horas después con un comunicado diciendo que “aceptaban” la invitación del presidente de “sentarse a negociar condiciones políticas” que permitan “transformaciones sociales” en donde hacen presencia.
La especialista consideró que el presidente Petro está dándose cuenta de los riesgos de dejar a este grupo fuera de las negociaciones de paz. Si los gaitanistas se quedan fuera del proceso de paz, estarán listos para ocupar más territorio. Eso hará imposible cualquier discusión para acabar con el conflicto y desmovilizar a los otros grupos.
El hecho de plantear la posibilidad de negociar en la costa del Caribe también es muy importante. Lo primero será entender cómo se dará un posible canal de diálogo: qué expectativas tienen los gaitanistas, qué buscan, qué les incentiva para sentarse en una mesa de negociación, qué les haría desmovilizarse.
La oferta de Petro durante su discurso fue dura y no benevolente. Sí, les abre la puerta, pero les dice que tienen que abandonar el narcotráfico y someterse al sistema legal.
Creo que esto refleja lo aprendido durante la administración de Petro sobre los incentivos reales para que estos grupos se sienten a la mesa con buena fe e idependientemente del camino legal que tenga este proceso, hay espacio para reducir la violencia en los territorios bajo control del grupo armado.
“Pienso que Colombia ha tenido una debilidad en los procesos de desmovilización: ha sido exitosa en desmovilizar altos y bajos cargos, pero no tanto con los mandos medios que frecuentemente retoman las armas”.
Esto requiere nuevos incentivos y un proceso de desmovilización más robusto para evitar que esas personas regresen a la economía ilícita, concluyó Dickinson.
