Cd. de México 14 oct (EFE). – El gobierno mexicano dio de plazo un mes a las plataformas digitales para que adapten sus servicios con medidas de protección a menores de edad frente a contenidos violentos y sexuales.
En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que, en caso contrario, “si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”.
Explicó que las empresas aceptaron las disposiciones del decreto que se publica hoy y solicitaron un plazo de 30 días para preparar los cambios necesarios, cuya aplicación supervisará la Agencia de Transformación Digital.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que el decreto obligará a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, clasificar los contenidos por edades y establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas para niños y adolescentes.
Las disposiciones también consideran la retirada inmediata de cuentas o contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y otras conductas ilícitas.
Además, las empresas deberán incorporar herramientas de supervisión parental y mecanismos para que los usuarios denuncien contenidos que puedan poner en riesgo a los menores.
Alcalde precisó que las nuevas obligaciones alcanzan a los servicios digitales que permiten la interacción, comunicación y difusión de contenidos entre usuarios.
Entre las compañías que participaron en las reuniones con el Gobierno mexicano mencionó a Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, cuyos representantes, manifestaron su disposición a aplicar las medidas, agregó la funcionaria.
El decreto también establece que las plataformas deberán contar con puntos de contacto para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar información relevante para las mismas y alertar sobre contenidos que representen riesgos contra la vida.
Alcalde subrayó que el decreto será obligatorio, aunque no contempla sanciones, y explicó que la Consejería Jurídica mantendrá abierto un espacio para analizar posibles propuestas de regulación adicional.
La medida se fundamenta en la legislación mexicana sobre los derechos de niños y adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar un acceso seguro a internet y prevenir distintas formas de violencia digital.
